GinaGF el 09/12/2009 - 20:36 nos informa:

Arroyomolinos sigue pidiendo el fin de las torres eléctricas

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Unos 4.000 vecinos de de Arroyomolinos llevan más de cinco años esperando a que su Ayuntamiento y Red Eléctrica Española (REE) modifiquen el trazado de una línea de alta tensión (400 kv) que pasa por encima de sus viviendas.

Según los afectados, cuando compraron sus viviendas sobre plano en 2003 ni las inmobiliarias Casmar y Promovid ni la gestoría inmobiliaria Bitango Promociones S.L. les indicaron la ubicación exacta de los terrenos donde se levantarían sus casas ni les informaron de que por la zona pasaría la línea de alta tensión Tordesillas-Galapagar-Moraleja de Enmedio. Para cuando tuvieron conocimiento de este hecho, los afectados ya habían pagado cantidades que excedían los 40 000 euros.

Cuando se enteraron, la gestora les "aseguró que las torres serían retiradas antes de la entrega", pero más de cinco años después la situación no ha variado, ocasionando, según ellos, "efectos secundarios como cansancio, dolores de cabeza e incluso depresiones" a algunos de estos ciudadanos. Por otro lado hay que destacar que, paralelamente, los "inquilinos" fueron informados de que los pisos que estaban pagando, eran VPP (Vivienda de Protección Pública). ¿Cómo se pueden ofertar pisos a precio de mercado sin informar sobre su condición pública...?

"Tras darnos cuenta de la estafa, tanto la gestora como el Ayuntamiento nos desinformaron convenientemente sobre el desvío de las líneas", afirmó Ángel Bienzoba en nombre de los vecinos. De hecho, los afectados cuentan incluso con copias del convenio firmado entre los consistorios de Arroyomolinos, Móstoles y Moraleja de Enmedio, también afectados en algunos barrios por la misma situación, y REE, donde ambas partes se comprometían a modificar el trazado de la línea para que pasara por algún pasillo eléctrico.

Por otro lado, el acuerdo de retirada se incumple. Se fijó un máximo de ocho meses desde que REE obtuviera la autorización administrativa, la Declaración de Utilidad Pública y la aprobación del proyecto de ejecución, mientras que los desmantelamientos debían producirse tres meses después de la puesta en servicio de los nuevos tramos.

Ante el incumplimiento de dicho convenio, los afectados llegaron incluso a recoger más de 3.700 firmas, y presentaron un escrito al Defensor del Pueblo, quien en su respuesta consideró "impropio" el "grado de desconocimiento" de los responsables municipales sobre el estado del proyecto.


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Gina P.G.